El legislador Manuel Huerta aseguró que la homologación normativa a diversos ordenamientos legales contribuirá a la unificación procesal en materias civil y familiar, con lo que se cumplen con un mandato constitucional y a una sentencia de amparo en revisión (265/2020) que obligaba al Congreso a garantizar procedimientos más ágiles, orales y accesibles.

“A primera vista puede parecer de carácter meramente técnico, pero en realidad representa un paso fundamental en la transformación de nuestro sistema de justicia. Se trata de la homologación normativa que sustituye referencias al viejo Código Federal de Procedimientos Civiles por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por este Congreso en 2023”, expuso en la discusión en Comisiones Unidas.

Para el lenguaje ciudadano, “esto significa que, ahora, juicios tan sensibles como un divorcio, una tutela, una adopción o una rectificación de actas ya no se regirán por marcos distintos o fragmentados, sino por un código único, nacional, más moderno y uniforme”.

Asimismo, se da certeza a las familias mexicanas, asegurando que en cualquier estado del país las reglas procesales sean las mismas y que se privilegie el interés superior de la niñez.

Añadió que también se avanza en materias mercantil y fiscal:  Los juicios mercantiles reconocen ahora como pruebas válidas los documentos electrónicos y digitales, lo que fortalece la seguridad jurídica en un mundo donde las transacciones ya no se hacen en papel, sino en medios digitales. De la misma manera, en el ámbito fiscal se da plena validez a los documentos con firma electrónica o sellos digitales, facilitando la fiscalización y la justicia tributaria en la era digital

En su intervención, Huerta explicó que otro punto clave es el amparo, la piedra angular de la defensa de los derechos. Antes se aplicaba supletoriamente el Código Federal; hoy será el Código Nacional el aplicable, garantizando procedimientos más ágiles, orales y coherentes. Esto evitará contradicciones y se fortalece el acceso efectivo a la justicia.

En materia agraria, agregó, las comunidades campesinas y ejidales también tendrán certeza de que sus conflictos se resolverán bajo un mismo marco procesal. Esto significa reglas claras y transparentes, sin dobles interpretaciones

Por último, el Senador del Pueblo precisó que la homologación normativa “no cambia los derechos sustantivos de las y los mexicanos, pero sí transforma la vía procesal. Moderniza, simplifica y uniforma. Evita lagunas que en el pasado alimentaron la impunidad procesal. Y, sobre todo, cumple con el mandato constitucional y con la sentencia de la Suprema Corte que nos ordenó garantizar justicia cotidiana, pronta y accesible”.