La reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, ocurrió en un momento decisivo para la relación bilateral. No se trató solamente de revisar aranceles, reglas de origen o cadenas productivas, sino de definir cómo se conducirán dos países profundamente vinculados por su economía, su frontera y sus comunidades. Un día antes del encuentro, Greer declaró ante el Comité de Finanzas del Senado estadounidense que al presidente Donald Trump le resultaría difícil aceptar la extensión o determinadas modificaciones al T-MEC si México no colaboraba también en asuntos como el Tratado de Aguas de 1944 y la seguridad fronteriza, aunque reconoció que esas materias se encuentran fuera de la competencia directa de su oficina. Sus palabras debían tomarse con seriedad, pero sin alarmismo. No implicaban la terminación del T-MEC, aunque sí mostraban que en Estados Unidos existen presiones para relacionar la revisión comercial con otros asuntos de la agenda bilateral. La información posterior al encuentro ofrece una señal positiva. La declaración conjunta de Greer y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, concentró las conversaciones en seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero, aluminio y sector automotriz. No incorporó el agua ni la seguridad fronteriza como componentes formales de la revisión comercial. Esto confirma la pertinencia de la posición de la presidenta: el comercio, el agua, la migración y la seguridad forman parte de una relación amplia, pero no están regulados por el mismo instrumento ni deben atenderse necesariamente en una sola mesa. El T-MEC tiene reglas, procedimientos e instituciones propios. El Tratado de Aguas de 1944 establece obligaciones y mecanismos distintos. México debe cumplir todos sus compromisos internacionales, pero cumplir no significa aceptar interpretaciones unilaterales ni permitir que una controversia específica condicione los derechos establecidos en otro acuerdo. Es legítimo que ambos gobiernos dialoguen sobre el conjunto de la relación. Lo importante es que cada asunto se procese por el cauce institucional correspondiente, con criterios claros, reciprocidad y respeto. La reunión también produjo avances. México y Estados Unidos coincidieron en fortalecer la manufactura de América del Norte, consolidar las cadenas regionales de suministro y evitar que terceros países obtengan indirectamente los beneficios del tratado.
Además, acordaron realizar una cuarta ronda bilateral en Washington durante septiembre. Persisten diferencias sobre reglas de origen, acero, aluminio, automóviles, trabajo, agricultura y seguridad económica. Sin embargo, el diálogo continúa y existe una ruta para procesarlas sin anunciar rupturas ni adelantar conclusiones. El T-MEC no es una concesión de Estados Unidos a México. Es un acuerdo de integración productiva del que se benefician los tres países. Las cadenas industriales atraviesan nuestras fronteras; las empresas mexicanas adquieren insumos estadounidenses y la producción regional sostiene empleos, inversiones y consumo en toda América del Norte. México tampoco es un receptor pasivo. Nuestra posición geográfica, capacidad industrial, fuerza laboral y mercado interno contribuyen a la competitividad regional. Debilitar esa integración tendría costos para nuestro país, pero también para productores, empresas, trabajadores y consumidores de Estados Unidos y Canadá. Por eso debemos evitar dos errores: minimizar los cambios en la política comercial estadounidense o anunciar anticipadamente una ruptura que no existe. La ruta correcta es la que sigue la presidenta Claudia Sheinbaum: diálogo directo, defensa de los intereses nacionales y prudencia en la comunicación pública. Su conducción evita tanto la complacencia como la confrontación innecesaria. México puede contribuir a fortalecer las reglas de origen, impedir la triangulación comercial y construir cadenas de suministro más seguras. Pero esos objetivos deben alcanzarse mediante acuerdos recíprocos, reglas conocidas y beneficios compartidos. El Senado de la República deberá acompañar este proceso desde sus atribuciones, analizar cualquier modificación que requiera aprobación legislativa y contribuir a una posición de unidad nacional. México no necesita elegir entre diálogo y dignidad. Puede cooperar sin subordinarse, cumplir sus compromisos sin aceptar interpretaciones unilaterales y fortalecer la integración económica sin renunciar a su soberanía. La reunión en Palacio Nacional y la continuidad de las conversaciones son señales positivas. Ahora corresponde transformar el diálogo en acuerdos equilibrados y duraderos. Cooperación, toda la que fortalezca a América del Norte. Diálogo, siempre. Y en cada negociación, reglas claras, reciprocidad y respeto a la soberanía de México.
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Ejidatarios y productores compartieron sus preocupaciones sobre la tierra, el agua y las condiciones del campo. Como lo he dicho con responsabilidad: la esperanza continúa. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se impulsaron programas importantes como Sembrando Vida, y hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se da continuidad a la transformación, atendiendo temas fundamentales como el agua y el fortalecimiento del campo.
Cientos de mujeres marcharon este #8M por las calles de Xalapa para alzar la voz por la igualdad, la justicia y un alto a la violencia.
Madres, jóvenes, colectivas y ciudadanas unidas en una misma causa: que las mujeres vivan con dignidad, respeto y derechos.
Las mujeres luchando, al mundo transformando.
¡Ánimo!
Como senador de la República, pero sobre todo como mexicano formado en la memoria de un país que supo lo que significa la intervención y el atropello, acompaño el posicionamiento de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante lo ocurrido en Venezuela. México tiene una postura firme, clara e histórica frente a cualquier forma de intervención, y hoy vuelve a sostenerla sin ambigüedades.
Por eso respaldo con determinación que la soberanía y la autodeterminación no son negociables; son principios del derecho internacional que deben respetarse siempre, sin excepciones. Y si algo nos ha enseñado la historia del continente es que la acción unilateral y la invasión no abren caminos de paz ni de desarrollo: dejan heridas, fracturas y dolor. México no está en contra de nadie: está a favor de una relación entre iguales, basada en cooperación para el desarrollo, entendimiento y respeto mutuo.
Celebro que el Senado haya aprobado la modificación a la Ley del INPI para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este avance responde a una exigencia histórica y reafirma que la grandeza de México está en sus pueblos y culturas. Seguiremos impulsando una Cuarta Transformación con justicia y dignidad para todas las comunidades.